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El alcalde socialista de Seseña violó 27 veces la ley para aprobar el PAU de ‘El Pocero’

23 agosto 2009

Socialista de El Pocero2Ni una ni dos ni tres. Un informe que acaba de terminar el Tribunal de Cuentas revela que al Ayuntamiento de Seseña (Toledo) le dio tiempo a cometer nada menos que 27 irregularidades, algunas de ellas gravísimas, en los escasos siete meses que tardó en tramitar la mayor urbanización de España -13.000 viviendas- y adjudicársela al constructor Francisco Hernando, Paco el Pocero.

El alcalde era entonces el socialista José Luis Martín, imputado por prevaricación en la aprobación del plan y por haber recibido presuntos sobornos en fechas coincidentes con los principales hitos de la tramitación, que discurrió entre noviembre de 2002 y mayo de 2003. La Fiscalía Anticorrupción denunció a Martín cuando descubrió que había amasado en pocos meses un patrimonio millonario que intentó justificar diciendo que le había tocado el cupón. EL MUNDO reveló el pasado 5 de agosto que un empresario vinculado a la mafia de Calabria le pagó 700.000 euros en aquellas fechas.

En su «anteproyecto de informe de fiscalización de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Seseña», al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Tribunal de Cuentas cita hasta 27 incumplimientos legales en esos siete meses, un tiempo récord para un PAU de tal volumen.

La reclasificación del suelo, dos millones de metros cuadrados, se aprobó sin «ningún tipo de estudio» para motivarlo, y tampoco se justificó «la edificabilidad y densidad residencial que plantea, muy alejadas de las propias del municipio».

«No existe ningún estudio ni informe municipal que justifique y valore su viabilidad y oportunidad», se incumplió la obligación de someter el plan a una aprobación inicial del Ayuntamiento, la tramitación se llevó a cabo por una ley que estaba derogada, «no se estudiaron las posibles consecuencias que un crecimiento demográfico como el previsto supondría para los estándares de calidad de vida del municipio», y así un larguísimo etcétera. El máximo órgano supervisor de la legalidad de los actos administrativos destaca que tampoco se tuvo en cuenta que una empresa distinta a la de El Pocero había presentado otra propuesta: «No se valoraron las proposiciones presentadas en concurrencia de una forma objetiva y transparente, careciendo la propuesta de adjudicación de la Alcaldía de justificación o motivación alguna».

Con todo, los incumplimientos más flagrantes se cometieron en el Pleno en el que se aprobó el plan, el 8 de mayo de 2003, el último día hábil que tenía el Ayuntamiento para reunirse antes de las elecciones municipales, en las que existía el riesgo cierto de que el alcalde perdiese su puesto y se alterasen las mayorías en favor de Izquierda Unida -abiertamente contraria a aprobar el PAU- como, de hecho, ocurrió.

Aquel día todavía no habían llegado los informes preceptivos de la Junta de Castilla-La Mancha. Aun sin ellos, el plan se aprobó.

 Un agente doble en nómina

El Tribunal de Cuentas también hace hincapié en dos aspectos sorprendentes: primero, que el mismo día en que comienza la tramitación, uno de los arquitectos de ‘El Pocero’ es contratado por el Ayuntamiento de Seseña, y por tanto incumplió su «deber de abstención» en todos los informes municipales relativos al plan que firmó.

Ese técnico emitió valoraciones del precio del suelo según lo que conviniese al constructor en cada momento: cuando se trató de establecer qué porcentaje de suelo correspondía por ley al Ayuntamiento, el arquitecto determinó un valor de 118 euros el metro cuadrado, muy por debajo del real.

Dos meses después, cuando se trataba de fijar la cantidad que tenía que presentar ‘El Pocero’ como garantía de que terminaría todas las obras de urbanización, elevó esa tasación, como por arte de magia, a 360 euros el metro cuadrado, muy por encima de su valor real.

Por eso ahora el Ayuntamiento se encuentra con que el promotor quiere abandonar la obra a medio camino, y el aval que presentó -10 millones de euros- no cubre el coste de lo que queda por terminar -unos 18 millones-.

El otro aspecto que destaca el órgano fiscalizador es un convenio firmado por el Consistorio y el constructor pese a que los técnicos municipales habían advertido de que era ilegal.

Consistía en que el Ayuntamiento de Seseña renunciaba a la parte de suelo que le corresponde por ley, a cambio de 290 viviendas construidas.

Resulta que la diferencia entre una cosa y otra es de 20 millones de euros a favor de ‘El Pocero’.

Joaquín Manso.

Es curioso observar como sólo El Mundo y sus blogs anexos son los que está haciendo el seguimiento de la noticia. Para los que les de grima ir de la mano de Pedro Jota y Compañia, con sus intereses truculentos sobre el tema (machacar al PSOE para aliviar el caso Gurtel), que nada tienen que ver con los nuestros (Luchar contra la especulación inmobiliaria ), recomendamos un artículo de Javier Ortiz al respecto;  “Golpear juntos y marchar por separado”. Salud

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