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La Intersindical de CLM cree que la Ley de Empleo Público abre las puertas a coacciones y corrupción

9 septiembre 2010

 La Intersindical de Castilla-La Mancha, compuesta por los sindicatos STAS, STE y SF, ha interpretado las evaluaciones a los funcionarios que prevé la Ley de Empleo Público que prepara el Gobierno regional como “un llamamiento a la coacción” a los empleados públicos y “una puerta abierta a la corrupción”.

En un comunicado, la Intersindical ha expresado su malestar por el contenido del anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno, que establece un sistema de evaluación periódica del rendimiento y la aptitud de los empleados públicos de todas las administraciones públicas, incluida la universidad y la administración local.

A juicio del sindicato, esa evaluación, según figura en el borrador, supone “un atentado hacia la imparcialidad y objetividad de las administraciones públicas”.

En este sentido, ha advertido de que se dota al personal directivo -al que se nombra con carácter discrecional- “de una herramienta para coaccionar al funcionario en la tramitación de los expedientes administrativos a través de su nómina, en caso de que no atiendan a sus intereses políticos y/o personales”.

“Una clara puerta abierta para consolidar definitivamente la corrupción dentro de las Administraciones Públicas, ya de por sí suficientemente castigadas por ella”, ha concluido.

La Intersindical ha expuesto que hay criterios establecidos en el anteproyecto como la “actitud en la organización y trabajo en equipo” o la “creatividad e iniciativa” que son “completamente subjetivos”.

Así, ha alertado de que los directivos podrán compensar “la afinidad personal, la amistad, el peloteo demostrado o la servidumbre en el cumplimiento de sus instrucciones, sean legales o no” o penalizar a los empleados públicos que se nieguen a seguir las directrices que vulneren el cumplimiento de una Ley, Orden o Reglamento.

La Intersindical ha aprovechado para hacer un llamamiento a los empleados públicos a secundar masivamente la huelga general del 29 de septiembre “para evitar el deterioro y desmantelamiento de los servicios públicos”.

También ha propuesto “luchar contra la discrecionalidad y la corrupción” de las administraciones mediante “una huelga de celo continua” en el “cumplimiento escrupuloso” de las leyes, órdenes o reglamentos que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas. EFE

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